La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá invalidó la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, al resolver los recursos de apelación interpuestos por su defensa y la Procuraduría General de la Nación. En su veredicto de segunda instancia, el alto tribunal concluyó que no existen pruebas documentales, testimoniales ni periciales que permitan responsabilizar al exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
La determinación, emitida en la mañana de este martes 21 de octubre, indicó además que la jueza 44 de conocimiento incurrió en omisiones procesales y no efectó una convalidación adecuada de las declaraciones rendidas por los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve Pineda y Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, así como el caso de Deyanira Gómez.
De acuerdo con el Tribunal, esas falencias restaron validez a los testimonios presentados durante el proceso, lo que impidió argumentar una condena en contra Álvaro Uribe. Por tal motivo, la corporación consideró que no se configuraron los elementos necesarios para mantener la sentencia dictada en primera instancia.
El Tribunal Superior ordenó excluir como evidencia la interceptación a la línea telefónica de Uribe, al considerar que fue obtenida de manera irregular y vulneró su derecho a la intimidad. Según la determinación, las grabaciones se realizaron con fines diferentes a los permitidos por la ley.
No obstante, la corporación determinó mantener las interceptaciones efectuadas entre el exmandatario y su entonces abogado Diego Cadena, realizadas por investigadores de policía judicial. Los magistrados rechazaron el sustento de la defensa, que alegó violación del principio de reserva profesional entre abogado y cliente.
El magistrado Manuel Antonio Merchán dice que la exclusión de esas evidencias debía resolverse durante el juicio oral, bajo el principio de contradicción, y no de manera anticipada. De esta manera, el tribunal suerior consideró que la valoración de dichas interceptaciones corresponde al desarrollo del proceso y no a una determinación previa.
El Tribunal también analizó la solicitud de nulidad presentada por la defensa con base en la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, que busca determinar si las pruebas derivadas de una actuación irregular deben ser anuladas. Tras la revisión, los magistrados concluyeron que en este caso “no procede la nulidad”, pues la jueza Sandra Heredia cumplió con la lectura del veredicto de primera instancia en la audiencia correspondiente.
Con esta determinación, el Tribunal superior reafirmó la validez del procedimiento judicial adelantado contra Uribe.
En su determinación, la corporación también absolvió a Uribe del delito de soborno en actuación penal relacionado con los exparamilitares Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, y Eurídice Cortés Velasco, alias Diana. Según el expediente, la investigación indicaba presuntos pagos a Vélez por cerca de 60 millones de pesos, dentro de un supuesto plan para obtener testimonios favorables.
Asimismo, el Tribunal ratificó la absolución del expresidente en el caso del testigo Juan Guillermo Monsalve.
La sentencia responde a los recursos de apelación presentados por la defensa de Uribe y por el procurador delegado Bladimir Cuadro Crespo contra la sentencia de la jueza Sandra Heredia, que lo había condenado en primera instancia.
En su apelación, la defensa en un documento de 904 páginas sostuvo que la condena contenía “errores de hecho y de derecho” y vulneraba la presunción de inocencia. El abogado Jaime Granados afirmó que Uribe nunca ordenó presionar testigos ni participó en maniobras dilatorias. También presentó una tutela, alegando que se violaron derechos fundamentales al ordenarse la privación de la libertad sin que el fallo estuviera en firme.
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación solicitó revocar la sentencia, indicando inconsistencias en la valoración de evidencias e interceptaciones telefónicas, y sustentando que el fallo se basó en suposiciones.
Los antecedentes del proceso de Uribe se originó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. En 2018, la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia y abrió una investigación contra el exmandatario por los mismos hechos. Desde entonces, el proceso atravesó varios procedimientos judiciales, incluidas dos solicitudes de preclusión negadas por la Fiscalía General de la Nación.