La aprobación definitiva de la reforma laboral por parte del Congreso dejó un sabor agridulce en el sector productivo, ya que aunque el Gobierno Nacional celebró el resultado como una victoria legislativa, los gremios empresariales, expertos jurídicos y firmas consultoras encendieron las alertas y pidieron no tomar el tema a la ligera.
Todo esto, especialmente por el efecto que tendrán los nuevos cambios normativos sobre las micro, pequeñas y medianas empresas llamadas también “Mipymes”, que concentran más del 90% del tejido empresarial en Colombia y serían las más afectadas por los cambios en las reglas del juego que se vienen para el mercado laboral en el país.
A pocos días de la conciliación entre Cámara y Senado, algunos gremios como ACOPI, Fenalco, Godoy Córdoba, BDO, AmCham Colombia y el bufete Orza & Escandón advirtieron que la reforma podría convertirse en un obstáculo para la sostenibilidad de estas unidades productivas y el mensaje que comparten, aunque con matices diferentes, apunta a que si no hay modificaciones en la conciliación, las mipymes o las micro o medianas empresas quedarán desprotegidas frente a nuevas cargas económicas, rigideces normativas y la desnaturalización de figuras claves como el contrato de aprendizaje para los universitarios y aprendices del SENA.
Desde la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas llamadas también “MiPymes”, la evaluación es contundente y advierte que la reforma introduce transformaciones que encarecen sustancialmente la contratación formal sin contemplar criterios de progresividad para las Mipymes. El caso más crítico, según indicaron, es el cambio al contrato de aprendizaje, que ahora se convierte en una relación laboral plena, con afiliación completa al sistema de seguridad social y condiciones similares a un contrato laboral ordinario.
“Ese cambio puede llegar a incrementar en más del 105% el costo que debe asumir un empresario por cada aprendiz”, advirtió el gremio. También alertaron sobre la posibilidad de que esa transformación sea inconstitucional, al romper la naturaleza educativa y no laboral que define este tipo de vinculación.
Muy similar opina el caso de Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien dice que más allá de los sectores que se puedan mostrar felices con lo aprobado, hay que tener en cuenta que las nuevas normativas se pueden concluir en más informalidad y empleos perdidos, debido a las cargas fiscales que se puede avecinar.
“Nosotros habíamos diseñado una versión intermedia que permitía no tener los costos relacionados con el desempleo, los costos relacionados eventualmente con la informalidad, que era básicamente generar las excepciones alrededor de las pequeñas y medianas empresas y de las compañías Mipymes. Infortunadamente, el día de ayer eso fue votado negativo por parte del Senado de la República. Yo realmente creo que ahí se está cometiendo un grave error”, dijo el vocero gremial.
En un tono igual de crítico, Fenalco indicó que el Congreso cedió a las presiones de la Rama Ejecutiva, no solo para evitar la convocatoria a la consulta popular anunciada por el presidente Gustavo Petro, sino también para mantener viva una narrativa política que desconoce las realidades operativas de las empresas en general. Según el gremio del comercio, la reforma, tal como fue aprobada, podría acabar más de 454.000 empleos formales, principalmente en los sectores de comercio, turismo y vigilancia.
El sobrecosto estimado por Fenalco puede oscilar entre un 18% y un 34% para ciertos sectores productivos. Esa carga se deriva del aumento en recargos nocturnos, dominicales y festivos, la obligación de preferir el contrato a término indefinido y la eliminación de figuras que permitían adaptabilidad en los picos operativos de varias actividades económicas.
“La aprobación no fue resultado de un consenso tripartito entre Gobierno, empresarios y trabajadores, como lo exige la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Fue una determinación motivada por la presión política, y eso tiene costos económicos que Colombia pagará en términos de desempleo”, afirmó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.
Desde el análisis jurídico, la firma Orza & Escandón subraya que, aunque la reforma laboral ya fue aprobada, aún queda una disputa abierta en la etapa de conciliación y que “lo que ocurrió en el Congreso de la República fue una forma institucional de resolver una presión extrainstitucional: la amenaza de una consulta popular por decreto”.
Para estos abogados, la Rama Ejecutiva utilizó la figura de la participación directa como mecanismo de presión sobre el poder legislativo y concluyeron que “aunque se construyó una narrativa plebiscitaria, lo cierto es que el Gobierno nacional impuso la reforma a voto limpio, sin mayor margen de maniobra para los gremios productivos”.
Lo que se debate ahora en conciliación, afirman, será clave para definir si el texto final incorpora algunos matices que corrijan excesos y compensen la falta de progresividad que hoy inquieta a las pequeñas y medianas empresas.
Desde BDO, el experto laboral Giovanni González advierte que muchas Mipymes ni siquiera están en capacidad de aplicar la nueva normativa, por limitaciones económicas y administrativas; mientras que explican que “no hay ninguna excepción o tratamiento diferenciado. Todas tendrán que responder por recargos, seguridad social y condiciones nuevas sin tener en cuenta su tamaño”.
A eso se suma el riesgo operativo de qué sectores productivos que trabajan por ciclos, como el educativo o el deportivo, no podrán sostener el contrato indefinido como única norma, lo que pone en entredicho su viabilidad. Además, el experto advierte que el Ministerio del Trabajo no tiene capacidad operativa para fiscalizar este nuevo marco en más de un millón de Mipymes en el país, lo que podría dejar la regla en letra muerta o abrir un campo para la informalidad.
Entre tanto, Santiago Martínez Méndez, socio de Godoy Córdoba, también indica que las Mipymes serán las más afectadas por la rigidez normativa y los sobrecostos laborales, ya que “la gran empresa tiene cómo proyectar, cómo reestructurar su operación y absorber el impacto. La pequeña, no”.
El nuevo contrato de aprendizaje, que antes tenía costos disminuidos, ahora representa una carga completa. Y eso, para Martínez Méndez, puede llevar a muchas compañías a abandonar esta figura o simplemente a no renovar aprendices, con lo cual, “el efecto neto es menos formación y menos oportunidades laborales para jóvenes en sectores más vulnerables”.
Por último, desde AmCham Colombia, su representante María Claudia Lacouture insiste en que si bien la reforma trae avances, el texto aprobado desincentiva el empleo formal, limita la competitividad y no considera la realidad de las nuevas formas de empleo, ya que “sin gradualidad ni visión sectorial, la reforma puede empujar al cierre a muchas micro y medianas empresas, en lugar de fortalecerlas”.
Lacouture también se suma a la petición de otros sectores gremiales productivos para que la conciliación sea un espacio real de corrección y modificación, no una formalidad legislativa y considera que es posible construir una reforma laboral que proteja los derechos laborales sin poner en jaque a quienes los generan empleo.
Habrá que esperar que sucede antes de que acabe la semana en el proceso de conciliación, que tiene hasta el 20 de junio, o de lo contrario se estarían incumpliendo los plazos para que este proyecto se convierta en realidad y no se hunda por falta de trámite.