• 7 abril, 2025 1:11 pm

La tribuna de las regiones

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Por investigación a congresistas en caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) llaman a declarar a estos exministros del gobierno nacional.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a declarar en calidad de testigos a cuatro exministros del Gobierno del presidente de Colombia Gustavo Petro, dentro de la investigación a cinco congresistas y un exparlamentario de la Comisión de Crédito Público por el escándalo de corrupción de la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Los citados a declarar son los siguientes: los exministros de Hacienda Diego Guevara, quien fue citado el 4 de abril, y Ricardo Bonilla, que debe ir el martes 22 de abril; la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, el miércoles 23 de abril, y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que declarará ese mismo día.

Los congresistas investigados por la Corte Suprema de Justicia encabezan: Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez y Karen Astrith Manrique Olarte y al excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera. Se trata de parlamentarios de las comisiones económicas donde se maneja la “Chequera” del Gobierno nacional que, según la Corte, “a cambio de avalar las operaciones de crédito habrían acordado dádivas, correspondientes a proyectos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que se tramitarían en la UNGRD, en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en Carmen de Bolívar (Bolívar)”.

“Para esta determinación, se tuvieron en consideración más de cincuenta evidencias documentales obtenidas con órdenes de policía judicial y más de diez evidencias testimoniales. Esto permitió construir una hipótesis, según la cual los investigados, como miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), habrían aceptado emitir conceptos respecto de operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda, a cambio de donaciones que se materializarían en contratos de la UNGRD”, se leía en un comunicado que emitió la Corte Suprema en noviembre del año pasado.

Los seis nombres hacen parte de la compulsa que hizo llegar la Fiscalía General de la Nación al alto tribunal en la que figuraban los congresistas Iván Name y Andrés Calle, a quienes ya se les abrió una investigación de tipo formal.

El 1 de abril, la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta por su participación en el entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).

El caso llegó hace dos semanas al alto tribunal, luego de una compulsa de copias que hizo la Fiscalía General de la Nación, que aseguró que la congresista estaría interesada indebidamente en un contrato de maquinaria amarilla para la ciudad de Riohacha, en La Guajira, y que supuestamente sostuvo reuniones con el ex director de la entidad, Olmedo López.

“En Bogotá, entre septiembre y octubre de 2023, en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, los servidores públicos Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector general de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres; Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, ex subdirector de manejo de desastres; otros funcionarios de la unidad, la senadora de la República Martha Isabel Peralta Epieyu y los contratistas Francisco Vizcarra Lozano, representante legal, y Jorge Vizcarra, sub gerente de Inversiones IRL S.A.S., se interesaron de forma indebida en provecho propio y de terceros de la siguiente orden de proveeduría tramitada en la subdirección de manejo de desastres”, dice la fiscal Andrea Muñoz.

La Fiscalía, además, reveló hace algunas semanas cuáles habrían sido las movidas de los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, para supuestamente direccionar contratos de la entidad estatal por más de 100 mil millones de pesos.

En medio del proceso también fue citado el congresista Julio Elías Chagüí Flórez para direccionar un proyecto contractual en el municipio de Sahagún, departamento de Córdoba, por un valor de 35.000 millones de pesos.

Otra de las citadas en el asunto fue la representante a la Cámara de Representantes Karen Manrique, quien salió a relucir por una reunión con el exfuncionario Olmedo López en febrero del año pasado.

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