El Gobierno del presidente Gustavo Petro ya está preparando la que será su tercera reforma tributaria: la primera la sacó adelante a finales del 2022 por 20 billones de pesos, la meta más ambiciosa de la historia del país, el segundo intento fue el año pasado a través de una fallida ley de financiamiento por 12 billones de pesos que buscaba resolver el presupuesto desfinanciado y ahora alista su tercer proyecto para encontrar los recursos que le permitan poder cuadrar las cuentas de este año 2025.
Si bien lo mínimo que buscará recaudar el ministro de Hacienda, Diego Guevara, serán 12 billones de pesos -los mismos recursos que se encuentran congelados en diferentes carteras y que afectarán a proyectos clave como la primera línea del Metro de Bogotá o la REGIOTRAM del Occidente.
Para ello, lo primero que analizará la cartera económica será volver permanentes los tributos temporales que se acaban de crear bajo la declaratoria del estado de conmoción interior por la situación de violencia ocurrida en la zona del Catatumbo, en el Norte de Santander. “Buscaremos el escenario legislativo para incluir los nuevos gravámenes de conmoción en la reforma tributaria”, confesó esta semana el mismo ministro.
Estos son tres y, de entrada, según el decreto emitido por el Gobierno Nacional, se aplicarán hasta el 31 de diciembre de 2025. El primero es un IVA de 19 por ciento a los juegos de suerte y azar en línea, el segundo es una tarifa de 1 % a la primera venta de la extracción o exportación de petróleo y carbón y el último es un impuesto de timbre de 1 % sobre aquellos instrumentos públicos y documentos privados (por ejemplo, títulos valores, avales o garantías) o también en trámites notariales.
En su totalidad, el Gobierno Nacional espera recaudar este año alrededor de unos 3 billones de pesos por estos tres nuevos impuestos: 1,3 billones de pesos vendrían de los juegos de suerte y azar, 1,2 billones de pesos de las industrias extractivas y otros 500.000 millones del timbre.
La noticia no ha sentado bien al sector minero-energético, el cual ya recibió en la tributaria del 2022 una sobretasa de renta en función del precio internacional. Adicionalmente, a ello, aunque en esa reforma se les impidió disminuir las regalías, posteriormente la Corte Constitucional lo declaró inaccesible.
Según la Asociación Colombiana de Minería (ACM), la imposición de un tributo a la primera venta y exportaciones de carbón representa un nuevo “impedimento” para el desarrollo del sector y desincentiva la inversión en un momento en que el país necesita atraer capital y generar nuevos puestos de trabajo.
En la industria de los juegos también alertaron que la decisión de poner un IVA de 19 por ciento a las plataformas en línea pone en peligro la estabilidad del sector, pues a diferencia de otros operan con márgenes específicos, sistemas automatizados y contratos preestablecidos, por lo que cualquier cambio de impuestos exige modificaciones en los términos contractuales y en los cambios de las plataformas.
Al igual que en el proyecto de ley de financiamiento que se cayó en el Congreso de la República, el Gobierno Nacional contempla analizar la posibilidad de disminuir de manera gradual la tarifa general de renta que pagan hoy en día las empresas o negocios y que se ubica en 35 %. El año pasado la propuesta fue disminuirla a un 30 %, a excepción de las compañías de petróleo y carbón. Adicionalmente, se buscó que las pequeñas empresas pagaran solo un 27 %.
Otro tema que piensa incluir el ministro de Hacienda en la nueva reforma tributaria es la posibilidad de que el Gobierno Nacional pueda pagar la deuda de la opción tarifaria que tienen los usuarios de energía eléctrica. Hay que resaltar que esta aumenta cada mes porque las empresas siguen poniendo más de 300.000 millones de pesos para financiar los subsidios a los usuarios que pertenecen de los estratos 1, 2 y 3.
La crisis es tan crítica que hace unos días el gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), John Maya, le envió una carta al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, en la que expresó su preocupación por el riesgo en el que se encuentra la prestación del servicio público domiciliario de energía y advirtió de la “inminente” interrupción del servicio del fluido eléctrico si no llegan el pago de los subsidios.
Finalmente, el ministro de Hacienda también baraja estudiar qué tributos se podrían poner en la nueva era digital. Por ejemplo, en la ley de financiamiento que se cayó se contempló cobrar IVA a la importación de bienes objeto de tráfico postal, envíos de urgencia o envíos de entrega rápida cuyo valor no puede exceder los 200 dólares –hoy exentos– porque se estarían usando para actividades irregulares. Dentro de estos, estarían los paquetes de las grandes plataformas como el caso de Amazon.
De la misma forma, el ministro de Hacienda Guevara también ha abierto la posibilidad de revisar la exención de impuestos que tienen hoy en día las iglesias, ya sean católicas o evangélicas.