Ante el Consejo de Estado fue presentada la primera demanda en contra del decreto que fue firmado por el presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, con el cual convoca la votación de la consulta popular para el próximo jueves 07 de agosto.
La demanda fue instaurada por ocho colectividades políticas que se unieron para tumbar esta iniciativa, que consideran que es inconstitucional, los cuales son: Partido Conservador, Partido Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático, Partido de la U, Colombia Justa Libres, Verde Oxígeno y Liga de Gobernantes Anticorrupción.
En la acción judicial advierten que dicho decreto es ilegal, porque el Senado de la República sí se pronunció sobre dicha consulta popular y negó la posibilidad de que los colombianos fueran citados a las urnas.
Además, piden al Consejo de Estado decretar una medida cautelar para suspender los resultados del acto administrativo y evitar que sea expedido un calendario electoral sobre la propuesta.
La demanda advierte que si no se suspende este decreto, antes de que haya un fallo definitivo, se “activaría de manera inmediata que la Organización Electoral procediera a la expedición del correspondiente calendario electoral, e incurriera en derogaciones presupuestales irrecuperables”.
Además, advierten que eso se “afectaría el orden constitucional, principalmente en relación con el principio de separación de poderes. Admitir su legalidad sería desconocer la existencia de una acción electoral definitiva, el cual fue la determinación directamente del Senado de la República de negar la conveniencia de la consulta popular”.
Las colectividades políticas esperan que el Consejo de Estado se pronuncie de fondo sobre este “decretazo”, que, según el criterio propio de ellos, es un golpe a la democracia y a la institucionalidad de la nación.