Para Jorge Emilio Rey Ángel, el proyecto de resolución de Ministerio de Ambiente frenaría en seco la productividad y tendría graves repercusiones para cuarenta municipios de Cundinamarca, y puntualizó que sería un buen gesto del Gobierno ampliar el plazo para hacer objeciones.
“Entendemos el objetivo loable que pretende el Ministerio de Ambiente con los lineamientos de ordenamiento territorial para la Sabana de la Capital. Es claro que debemos mejorar nuestra planificación y garantizar un crecimiento sostenible. No Obstante, el mecanismo planteado genera incertidumbres, se necesitan precisiones”, advirtió el mandatario de los cundinamarqueses.
Tras reconocer que el ritmo y la forma en que se ha dado el desarrollo urbanístico y de inversión en la Sabana de Bogotá no han atendido principios de adecuada planeación regional para garantizar del todo la preservación ambiental, el gobernador indicó algunas preocupaciones que despierta el proyecto de resolución:
- No podrían localizarse en el territorio actividades productivas nuevas o mejoradas.
- Las obras viales para solucionar los graves inconvenientes de movilidad entre Bogotá y Cundinamarca se demorarían más o podrían no tener autorización.
- Sería improbable hacer realidad nuevos proyectos de transporte masivo regional y se dificultaría aún más la construcción de infraestructura para garantizar cobertura de la demanda de servicios públicos.
Uno de los puntos más polémicos del documento del Minambiente es su propuesta de que todo el suelo de la Sabana de Bogotá sea declarado de protección ambiental o agrícola, prohibiendo la expansión urbana más allá de lo que ya está aprobado.
“Nos identificamos con los lineamientos publicados en lo que respecta a la necesidad de preservar el ecosistema de la Sabana de Bogotá, proteger las zonas productoras de agua y definir espacios para el desarrollo de prácticas agrícolas que garanticen la seguridad alimentaria. Pero se debe resolver de manera paralela dónde se habilitaría suelo para garantizar el asentamiento de 2.300.000 habitantes más, que tendría Cundinamarca en el año 2050, según el censo del DANE, aspecto que esta resolución no toma en cuenta”, afirma el gobernador.
Y dice que la cartografía utilizada en el documento no siempre refleja la realidad del territorio. “No tenemos una escala cartográfica adecuada para la toma de determinaciones, entonces se toman decisiones como, por ejemplo, en el caso del municipio de Tocancipá, donde hoy se dice que la zona determinada de humedal es casi un 50 o 60% de la totalidad de su territorio, lo que significa que sería prácticamente improbable cualquier actividad en esa área que hoy se considera humedal, pero si va al territorio, no hay tal”, indicó Jorge Emilio Rey.
Implicaciones significativas
- Los 24 municipios, de los 40 afectados, tendrían toda su área municipal impactada por esta medida. En los otros 16 de ellas, la afectación sería parcial.
- La resolución establece un modelo de ocupación que declara que todo suelo de la Sabana debe ser de protección ambiental o agrícola. No se podría construir más de lo que ya está aprobado, no habría áreas de expansión.
- Solo en vivienda, podríamos estar hablando de unas 350.000 viviendas en trámite de aprobación de más de 40 planes parciales en curso que el lineamiento dejaría en un limbo de congelación de los trámites.
- Proyectos de infraestructura vial, aeroportuaria, entre otros, van a tener nuevos requerimientos para obtener licencias ambientales, lo que hará los proyectos más costosos y demorados.
- El docum,ento es redactado en términos ambiguos, poco precisos, requiere un mayor grado de especificidad y rigurosidad para que las autoridades ambientales puedan actuar. La resolución debe precisar qué se puede y qué no se puede hacer.
- Las áreas habilitadas hoy como suelo de expansión o suelo suburbano serán respetadas y no tendrán retroceso. Pero lo que resta (casi un 85% del territorio de municipios de la Sabana de Bopgotá) no podrá tener ningún uso distinto al ambiental o agrícola, lo que plantea un problema a mediano y largo plazo.
Una propuesta sin concertación
El proyecto de resolución fue publicado al terminar la semana pasada, el viernes 28 de febrero, sin un proceso previo de socialización con las entidades territoriales, lo que ha generado preocupación e incertidumbre en el Gobierno departamental.
“Esperábamos construir estos lineamientos de manera armónica y coordinada en mesas técnicas, pero nos toma por sorpresa esta divulgación. Ahora estamos analizando el documento y sus implicaciones jurídicas para presentar observaciones en el plazo establecido por el Ministerio de Ambiente”, explicó el gobernador.
Jorge Emilio Rey también cuestionó la diferencia en los tiempos de análisis: mientras el Ministerio de Ambiente tardó más de un año en la elaboración de la resolución, a los municipios se les han dado solo cinco días para presentar objeciones.
“Esto contradice la voluntad de hacer un proceso realmente consultivo. Un buen gesto del Ministerio de Ambiente sería ampliar el plazo para permitir una evaluación técnica rigurosa de los impactos”, manifestó
El Gobierno departamental insistirá en la necesidad de un diálogo amplio, con el fin de encontrar un equilibrio entre la protección ambiental y el crecimiento sostenible de la Sabana de la capital.
