La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar en contra de la empresa petrolera estatal Ecopetrol por un contrato que habría firmado con la empresa estadounidense, Covington y Burling para presuntas “interceptaciones” al interior de la compañía. En la maniobra, se había pactado un otrosí contractual modificando el contrato original que aumentaría el costo.
El órgano de control señaló que el pasado 31 de diciembre del año pasado el contrato pasó de costar 875.000 dólares a más de 5.8 millones de dólares, cambio que tendría el objetivo de “interceptar” a funcionarios de la propia empresa en relación con la imagen que afronta la entidad tras conocerse las investigaciones que cursan en contra de su presidente, Ricardo Roa.
Paralelamente, la Contraloría General de la República también anunció que Roa tendrá que darle explicaciones con respecto al cuestionado contrato que hoy rodea el escenario de sus procedimientos legales. Entre los requisitos que pidió el órgano fiscal se encuentra copia del contrato para desarrollar dicha investigación, así como la relación de pagos efectuados a la fecha con sus respectivos soportes y copia de la factura y entregables generados por el contratista.
La Procuraduría determinó que en la indagación abierta se buscará inspeccionar disciplinariamente las instalaciones de la compañía estatal con el fin de recaudar las pruebas semejantes a las solicitadas por la Contraloría.
Ricardo Roa afronta ya en problemas disciplinarios a tan solo pocos meses de su posesión como presidente de la compañía estatal Petrolera. La Procuraduría General hace pocos días emitió un concepto donde pidió al Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionarlo por la conducta de presunta violación de topes electorales en la campaña política “Petro presidente” del año 2022.