La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), puso en conocimiento de la Fiscalía general de la Nación que más de 36 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), facturaron servicios sin prestarlos y sin siquiera contar con la infraestructura adecuada apropiada.
En algunos de estos sitios denunciados supuestamente funcionaban clínicas y hospitales en los que se ofrecían servicios quirúrgicos a personas sin ser aptos.
Félix León Martínez, director de la Adres, explicó en qué consiste la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.
“Yo me encontré esta entidad siendo un pagador ciego, cosa que me preocupó mucho en varios rubros. En este específicamente, relacionado con accidentes de tránsito, Adres reconoce a las clínicas y hospitales la atención de personas heridas en accidente de tránsito cuando los vehículos carece de seguro o se desconoce el vehículo, lo que se llama vehículo fantasma. Miles de clínicas le facturan al Adres servicios por la atención de estas personas lesionadas y aquí se hacía una revisión documental y se pagaban las cuentas”, empezó argumentando Martínez.
“Consideramos en esta administración que no era suficiente eso (esa revisión documental) y que era necesario tener más control porque los sistemas de información y de estudio que creamos nos empezaron a señalar crecimiento desbordado en ciertas zonas, en ciertas clínicas de servicios que estaban prestando”, indicó el director de Adres.
Martínez dijo también que “se supone que las clínicas están registradas ante el Ministerio de Salud y ante la Secretaría de Salud bajo el registro de prestadores de servicios de salud, y solo las entidades que tienen este registro y está habilitado para prestar servicios médicos, quirúrgicos, entre otros, pueden facturar al sistema. No obstante, decidimos desde el año 2023 que las firmas de auditoría que tenemos, así como el mismo Adres, tuvieran equipos de auditoría concurrente que visiten periódicamente las clínicas que nos facturan y comprueban la concordancia de las facturas con las historias clínicas, con los servicios, con las instalaciones debidas para ver si la cuenta es correcta y empezaron a encontrar una serie de clínicas que hoy en día son casas rotas, panaderías y toda clase de locales”.
Aunque en comienzo fueron 52 las IPS que aparecían en un informe con inconvenientes y a todas se les suspendió los pagos previos a iniciar la investigación, Martínez aclaró que al final fueron 36 que están reportadas.
“De esas 52 IPS, 10 de ellos lograron verificar que la raíz del problema era de documentos y de direcciones cerradas, que sí existían. Otras 11 presentaron recurso para alegar que sí funcionaban, pero se revisó y se visitaron nuevamente y definitivamente se sancionaron por parte de Adres para no recibir pagos y las 26 ni siquiera se pronunciaron a la resolución que le suspendía los pagos. En conclusión, las 36 se verifican y se remite la información a la Fiscalía General de la Nación porque lo que han hecho lo consideramos estafa agravada y falsificación de documento público”, añadió Martínez.
Preguntado sobre desde cuándo se le estarían pagando a esas 36 IPS infractoras y cuánto dinero representa ese fraude, el funcionario de Adres aseguró que “en los años 2022 y 2023 habían presentado cuentas y habían sido pagadas. Además, especificó que “el fraude ascendía a la cifra promedio de unos 20.000 millones de pesos por año en facturación. Nosotros trancamos 70.000 millones de pesos cuando nos dimos cuenta del proceso el año pasado y ya no están cobrando eso”.