Varios exministros, el director de Fedesarrollo y el presidente del Congreso Gremial Nacional expusieron sus posturas frente a la nueva reforma tributaria y el estado de las finanzas públicas de Colombia. Los invitados coincidieron en que las medidas propuestas afectan principalmente al sector productivo y no resuelven el problema estructural del gasto público.
Camilo Sánchez, presidente del Congreso Gremial Nacional, indicó que en 23 años en las comisiones económicas del Senado no había visto una reforma de esa magnitud. “Si llegara a pasar esa reforma, lo que haría es frenar la economía”, dice. Según explicó, la informalidad en Colombia supera el 56% y el esfuerzo tributario recae sobre los empresarios formales. “Son ellos los que van a sentirse perjudicados, porque ya es pedirles demasiado en este momento”.
Sánchez advirtió que la propuesta no solo incluye nuevos gravámenes, sino también el aumento en la retención y la reforma laboral. “Estamos cambiando las reglas de juego en el último momento”, manifestó. Como ejemplo, citó el caso de una empresa de la costa que tendría que destinar 200 mil millones de su presupuesto de inversión para cubrir mayores retenciones. “Esto lo que va a hacer es apagar el sistema productivo y poner en pánico a los inversionistas”.
El dirigente gremial enumeró los puntos más sensibles de la propuesta: gravamen al consumo para eventos, IVA a cuotas de administración y parqueaderos sin tener en cuenta el estrato, IVA a los combustibles, renta a las iglesias, aumento en la tarifa al patrimonio, retención en la fuente, IVA a vehículos familiares y aumento del 150% al tributo de consumo de la cerveza. “Esto apagaría el sistema productivo del país”, insistió.
Por su parte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, dice que la iniciativa representa un recaudo de más de 26 billones de pesos, equivalente al 1,5% del PIB. “Estamos viendo esta propuesta con gran preocupación por el tamaño, una reforma tremendamente perjudicial”, señaló. A su criterio, antes de pedir más esfuerzo a los contribuyentes, el gobierno nacional debe dar una señal de austeridad. “Es muy difícil pedir mayor esfuerzo sin un presupuesto más austero”.
Mejía indicó que el presupuesto planteado por el gobierno nacional crecería cerca del 9%, más del doble de la inflación esperada. “Hay un inconveniente de legitimidad política, lo que debe hacer el gobierno nacional es ordenar su casa y presentar un presupuesto más ajustado”. También advirtió sobre errores repetidos de reformas anteriores: incremento del costo de invertir, mayor tributación al sector financiero con una tarifa del 50% y nuevas cargas al sector minero energético. “El gravamen al patrimonio puede hacer que los inversionistas se vayan del país”, advirtió.
Gonzalo Hernández, viceministro de Hacienda, recordó que el actual gobierno heredó una situación fiscal compleja, pero consideró que las decisiones recientes empeoran el panorama. “Mi principal preocupación hoy es que el gobierno de Petro va a dejar una herencia aún peor al siguiente gobierno”, afirmó. Explicó que aunque el año 2023 se cumplió con la regla fiscal, a partir de 2024 se perdió esa senda de ajuste. “Estamos en la olla, y más que raspando la olla, lo que el gobierno le va a dejar al siguiente es una olla deteriorada”.
El exministro de hacienda Mauricio Cárdenas insistió en la necesidad de recortar gastos ineficientes, entre ellos los contratos de prestación de servicios. “Son más de 20 billones de pesos que se están destinando en este proceso”. También resaltó la importancia de recuperar los ingresos provenientes del petróleo y el gas. “Hemos perdido ingresos esenciales por una mala decisión del gobierno nacional”, indicó. A su criterio, el Congreso de la República no debe repetir el error del año pasado de rechazar la reforma sin proponer ajustes al gasto.
Camilo Sánchez adicionó que la informalidad laboral es un impedimento para los cambios planteados por el gobierno nacional. “La reforma laboral no cubre a los vendedores ambulantes ni a quienes trabajan por fuera del sistema formal, ellos no tendrán pensiones ni dominicales ni prestaciones de ley. Se están acabando los verdaderos generadores de economía”.
Sobre la magnitud de la propuesta, Mejía sostuvo que el déficit fiscal requiere ajustes cercanos a 30 billones de pesos, mientras que la reforma busca 26 billones. “El inconveniente es que el gobierno nacional está empleando una ley de financiamiento para crecer el presupuesto más allá de lo deseable”, manifestó. Concluyó que la discusión debe partir de determinar el tamaño razonable del presupuesto antes de definir si se necesita una reforma. “Si no se recorta el gasto, no habrá capacidad de diálogo”.
Los invitados coincidieron en que la solución a la crisis fiscal no puede basarse únicamente en más gravámenes, sino en un esfuerzo integral que combine austeridad en el gasto, estímulos a la inversión y medidas que puedan fortalecer al sector productivo.