La Fiscalía General de la Nación, fueron denunciados el ministro del Interior Armando Benedetti y la directora del Dapre, Angie Rodríguez, por un supuesto tráfico de influencias después de los señalamientos de la saliente ministra de Justicia Ángela María Buitrago, quien afirmó que renunció a la entidad debido a “intromisiones” de parte de los dos funcionarios en esta cartera.
La denuncia la realizó la abogada Estefanía Orozco Torres. “Solicito que se active el procedimiento de actos urgentes de investigación, no solo por el riesgo de continuidad de la actividad delictiva, sino porque la noticia criminal proviene nada menos que de la ministra de Justicia. Ello, no solo por lo que representa de una manera institucional, sino porque su condición personal y reconocida probidad obliga a una indagación célere, eficiente y eficaz”, indicó en la carta enviada a la fiscal general Luz Adriana Camargo.
Esto significa que pide que la Policía judicial inicie cuanto antes las acciones pertinentes para investigar el presunto delito, como lo son entrevistas e interrogatorios, y la identificación, recolección y embalaje técnico de los elementos materiales probatorios y evidencia física.
El artículo 411 del Código Penal Colombiano indica que el delito de tráfico de influencias consiste en que un servidor público “utilice de una manera indebida, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el finalidad de obtener cualquier beneficio”. Este delito tiene una pena de 64 a 144 meses de cárcel, así como una multa de 133,33 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses.
El pasado jueves 15 de mayo, Buitrago presentó su renuncia irrevocable al Ministerio de Justicia por medio de una carta enviada al presidente de la república Gustavo Petro, en la que afirma que en las últimas semanas se han presentado “intentos de intromisión” en la cartera por parte de los señores Benedetti y Rodríguez.
Por su parte, la ministra saliente, quien afirmó que estará en el cargo hasta el 1 de junio de 2025, puso como ejemplo un viaje que hizo a Washington, Estados Unidos, en el cual la Presidencia designó como ministro encargado a otro funcionario diferente al que Buitrago había decidido para esa función.
“Yo recibí las llamadas de ellos, mensajes fantasmas, mensajes que mandan y desaparecen de la pantalla. Lo estaban haciendo particularmente en la ciudad de Washington, y sobre esa base creo que ya llegó el momento de dar un paso al costado”, manifestó.
Buitrago añadió que “sacaron a una persona que conocía el sector”, quien dirigía la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), con “unas columnas que no son ciertas”. Incluso, la Contraloría General de la Nación y la Procuraduría “garantizaron que no hay ningún mal manejo” en esa Unidad, y “bajo esos supuestos” fue que la persona en cuestión habría salido del Ministerio.
Adicionó que “también querían cambiar al director de drogas, que es una persona técnica, profesional, que se ha jugado en los campos del saber en términos territoriales, que ha acompañado a las poblaciones, y que lo que hace realmente es laborar por el país. Hay que tenerle respeto a las personas que prestan un servicio, pero que no son simplemente muebles que usted hoy quita y pone, sino que hay que mirar los resultados. Las hojas de vida que proponen no cumplen con los perfiles requeridos”.
La ministra de justicia indicó que ya informó el tema ante la Fiscalía General y la Procuraduría. “Les puedo decir que todas las razones están documentadas”, puntualizó.
Ángela María Buitrago, saliente ministra de justicia.