La expedición del decreto base de la conmoción interior que el presidente Gustavo Petro decretó por la ola de violencia que el ELN desató en El Catatumbo, Norte de Santander, duró en construcción varios días para establecer la ruta jurídica que se necesita para que esta media extraordinaria pase los controles en los ámbitos constitucionales y legislativos.
De acuerdo con información emitida desde el Congreso de la República, la plenaria del Senado ya fue citada para el próximo martes, 28 de enero, para analizar los decretos del Gobierno; lo propio hará la Cámara de Representantes.
Pero en medio de todo este debate se definió que la aplicación de la conmoción interior se debe dar en lugares específicos, incluyendo zonas de dos departamentos y una ciudad capital.
Declarar el estado de conmoción interior, por el término de noventa días contados a partir de la entrada en vigencia del decreto, en la región del Catatumbo, situada en el nororiente del departamento de Norte de Santander, la cual está conformada por los municipios de Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención, Teorama, San. Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, y los resguardos indígenas de Motilón Barí y Catalaura La Gabarra, así como en el área metropolitana de Cúcuta, que incluye a la ciudad de Cúcuta, capital departamental y núcleo del área, y a los municipios de Villa del Rosario, Los PatIos, El Zulia, San Cayetano y Puerto Santander y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar.
De acuerdo con los análisis que se han realizado en la Casa de Nariño, y que incluyen citas con la fuerza pública, estas regiones fueron claves para el tránsito de los grupos criminales y que desataron la violencia por la guerra entre ELN y la disidencia de las Farc que lidera alias Calarcá Córdoba; de hecho, hay riesgo inminente de que entre en esa escena ilegal del grupo el Clan del Golfo.
En toda la zona se calcula, según cifras oficiales, que hay más de 43.000 hectáreas de cultivos de uso ilegal. Además, la crisis desatada hace ya nueve días deja más de 40.000 personas desplazadas y más de 80 homicidios.
El accionar de la guerrilla del ELN ha escalado de manera imprevisible a una magnitud que desborda la capacidad ordinaria del Estado e impacta, gravemente, la prestación de servicios de salud en los primeros niveles de atención en las poblaciones afectadas.
Sin embargo, a lo largo de este viernes y durante el fin de semana, se expedirán otros decretos que incluyen nuevos impuestos, movilidad de tropas, inversión en asuntos sociales y medidas para blindar la frontera con Venezuela, ya que el régimen de Nicolás Maduro –con el cual el gobierno Petro mantiene una relación– ha protegido a criminales del ELN, las disidencias y otros grupos narcoterroristas que, incluso, hacen parte de las mesas de diálogos de la denominada paz total.