El Distrito denunció la obstrucción a los servicios sociales e ingreso de funcionarios en los alojamientos temporales de La Florida y La Rioja, donde se encuentra alojado un grupo de tribus indígenas de la comunidad Emberá.
“Las restricciones impuestas por los voceros de la comunidad Emberá han bloqueado la continuidad de los servicios esenciales para la garantía de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Toda acción que vulnere sus derechos, o que ponga en peligro la integridad del personal institucional, será puesta en conocimiento de las autoridades competentes.
Aseguran además que, “hasta la fecha, el equipo del PMU no ha podido restablecer sus trabajos ni adelantar los recorridos de acompañamiento a la comunidad. Son alrededor de 500 niños los que se benefician de la oferta de la Secretaría de Educación. A pesar de los esfuerzos institucionales, y aunque algunas familias manifestaron su disposición para enviar a sus hijos, los voceros impidieron la movilización del resto, afectando su acceso al derecho a la educación”.
Adicionando “durante este mismo fin de semana, el espacio pedagógico Casa de Memoria y Lúdica Jibuzu, ubicado en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, fue saqueado y vandalizado, presuntamente por integrantes de la comunidad Indígena Emberá. Al ingresar el pasado lunes 7 de abril, el equipo encontró material pedagógico destruido, consumo no autorizado de refrigerios, daños con aerosoles en pisos y paredes, y el hurto de elementos como un parlante, cargadores, pañales, libros, ropa y cojines”.
Adicionalmente, en la UPI La Rioja se han registrado cinco bloqueos a la prestación de servicios por parte de entidades distritales y nacionales.
“El Distrito ha sido enfático en reiterar que la atención a niños, niñas y adolescentes es una prioridad. El derecho a la educación es irrenunciable y debe ser garantizado de manera continua e integral.”
Finalmente, el Distrito “rechazó este tipo de actuaciones y hace un llamado a la comunidad a respetar y cuidar los espacios comunes e institucionales, así como a cumplir los mínimos de convivencia previamente acordados entre las entidades y la comunidad”.
