Se espera con tensión en los círculos políticos de Colombia que los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) tomen una determinación definitiva el pasado martes sobre la ponencia conjunta de Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, la cual dice que la campaña que dio la Presidencia a Gustavo Petro en 2022 violó los topes de financiación electoral por más de $3.500 millones. De aprobarse la sanción, los implicados, entre ellos el actual presidente de la petrolera estatal Ecopetrol, Ricardo Roa, podrían enfrentar multas millonarias y consecuencias políticas.
El CNE se reúne, en sala plena, para votar el proyecto de resolución que considera que la campaña de la colectividad del Pacto Histórico superó los límites legales en ingresos y gastos, sumando más de $3.500 millones en las dos vueltas electorales. La ponencia, firmada por los magistrados Prada y Ortiz, recomienda sancionar a varios de los principales implicados del proceso electoral de 2022.
El nombre que ha generado más atención es el de Ricardo Roa, quien ejerció como gerente general de la campaña y hoy presidente de Ecopetrol. De aprobar las multas, se enfrentaría a la sanción más alta en la historia del país, estimada en alrededor de $596 millones. También están bajo análisis posibles sanciones para Lucy Aydee Mogollón que desempeñó como tesorera y Mary Lucy Soto como auditora por su papel en las finanzas de la campaña.
Además, la ponencia sugiere que las colectividades Colombia Humana y la Unión Patriótica respondan, individualmente, con multas cercanas a loa $583 millones cada uno, por “tolerar” presuntas irregularidades en el cumplimiento de los topes. Estas sumas podrían descontarse de la financiación estatal que reciba cada partido político en el próximo desembolso del CNE.
El proceso ya ha sido objeto de refutaciones. En septiembre fue aplazada la votación por una inadmisión contra el magistrado Prada, cuestionado por declaraciones previas que podrían comprometer su imparcialidad. También se había recusado a la magistrada Alba Lucía Velásquez por su participación como testigo electoral vinculada a la coalición del Pacto Histórico; su salida del proceso modificó el cuórum de voto.
En el ambiente político se genera una combinación de expectativa, temor y señalamiento de activismo judicial. Para el Pacto Histórico y sus aliados, la decisión del CNE no solo definirá sanciones económicas, sino también tendrá repercusiones simbólicas y políticas de gran calado.