En la tarde del día de ayer viernes 13 de junio, el Ministerio de Hacienda Germán Ávila, presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025-2035, en el que anunció de manera formal lo que ya se había anticipado durante la semana: la activación de la cláusula de escape para suspender por tres años consecutivos la regla fiscal. El ministro Ávila aseguró que esta medida busca evitar un ajuste imprevisto en el gasto público y progresar de forma gradual hacia la consolidación fiscal.
Esta determinación se argumenta en que el Gobierno proyecta un incremento del gasto, pasando de $396 billones el año pasado a $418,8 billones en este año 2025. El aumento se explica por un alza de $13,1 billones en gasto primario y $9,5 billones en intereses de deuda. De esta manera, el déficit fiscal estimado sería de -7,1 % del PIB y el déficit primario de -2,4 %, cifras que exceden el límite establecido por la regla fiscal.
Algunos expertos de la materia han cuestionado con dureza la determinación del Ejecutivo. Henry Amorocho, experto en Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, afirmó que la medida se sustenta en un decreto con “fuertes reparos jurídicos” y que no cumple los requerimientos legales requeridos para suspender esta herramienta de disciplina fiscal.
“La Ley 1473 de 2011 establece que la regla fiscal solo puede suspenderse en situaciones de crisis económica o ante sucesos sobrevinientes, como ocurrió durante la época de la pandemia, cuando existía un estado de excepción constitucional. Ese no es el caso hoy en día”, indicó el académico.
La suspensión de la regla fiscal podría llevar a un incremento en el costo del endeudamiento, tanto para el Gobierno Nacional como para la ciudadanía. Al no existir un límite claro para el gasto, el Ejecutivo podría verse obligado a adquirir más deuda pública, probablemente a tasas de interés más elevadas. Esto se traduciría en un incremento en el costo de los créditos de consumo, hipotecarios y empresariales, disminuyendo la capacidad de adquisición e inversión de los colombianos y afectando su economía personal.
Sin embargo, la determinación podría generar incertidumbre en los mercados, desincentivar la inversión extranjera y provocar una salida progresiva de capitales. Esto, a su vez, ejercería presión alcista sobre el dólar, encareciendo productos importados como alimentos, medicinas y materias primas. El efecto final sería un aumento en el costo de vida, con presiones inflacionarias que disminuirían el poder adquisitivo de los salarios.
De otra parte, la suspensión de la regla fiscal puede ser interpretada por los mercados como una señal de que Colombia no está comprometido con la disciplina fiscal. Esta percepción podría erosionar la confianza de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. La pérdida de credibilidad limitaría la llegada de capitales, afectando el crecimiento económico, la generación de puestos de trabajo y, en consecuencia, la calidad de vida de los colombianos.
Además, un mayor endeudamiento del Gobierno Nacional, como consecuencia de la suspensión de la regla fiscal, implicaría destinar una proporción significativa de los recursos públicos al pago de intereses. Esto reduciría los fondos disponibles para programas sociales, infraestructura y servicios públicos como salud y educación. La disminución en la inversión social afectaría especialmente a las poblaciones más vulnerables, al limitar tanto el acceso como la calidad de estos servicios esenciales.
