La Red de Veedurías Ciudadanas interpuso una denuncia penal contra la actual canciller de la república Laura Sarabia y su hermano, Andrés Sarabia, el año pasado, concretamente el 26 de junio de 2024. Los delitos que describe esa red de veeduría son un presunto enriquecimiento ilícito de particulares, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Desde esa fecha hasta en el momento, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia es la encargada de adelantar las rigurosas investigaciones.
Hasta en el momento, la Red de Veedurías Ciudadanas solicitó que “se investiguen y determinen los responsables materiales e intelectuales por los presuntos hechos penales relacionados con los hechos puestos en conocimiento en el presente escrito, que en lo relacionado con el presunto enriquecimiento ilícito se solicita se investiguen a los denunciados desde la posesión del actual presidente de la República Gustavo Petro, hasta la fecha, en particular respecto de la servidora pública Laura Sarabia y su esposo Andrés Fernando Parra; respecto de su hermano Andrés Sarabia, con especial atención, desde la constitución de la empresa Consulting S.A.S. con sigla ALA, con fecha del 29 de junio de 2023”.
Según confirmó a un periódico de circulación regional, el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) le ha entregado toda la información a la Fiscalía General de la Nación que le es solicitada. Eso no quiere decir evidencias concretas de presuntos delitos cometidos por la canciller de la república, sino toda la información que la Fiscalía le pida a la Presidencia.
Como primera medida, la Fiscalía General de la Nación solicitó los documentos que comprueben el fuero constitucional que ostenta Sarabia por ser funcionaria del Gobierno. Para ello, el DAPRE entregó los siguientes documentos de soporte: acta de posesión, decreto de nombramiento y certificación de los servicios prestados.
Los documentos se recogieron presencialmente el martes 29 de abril, ese mismo día se levantó el acta del proceso. Un dato interesante es que el miércoles 30 de abril, un día después de que se avanzó en la investigación en su contra, Sarabia se presentó ante la Fiscalía General de la Nación, pero en condición de testigo, para revelar nuevos audios que podrían incriminar al actual ministro del Interior, Armando Benedetti, en los problemas por presunta financiación ilícita de la campaña Petro Presidente.
Y mientras ella alistaba las grabaciones de voz, el DAPRE también recolectaba los registros financieros de la funcionaria. Puesto que el ente investigador no solo solicitó aquellos certificados, también pidió copias de “ingresos mensuales (salarios, viáticos, compensaciones y cualquier otro factor remuneratorio)# devengados desde el año 2022 hasta hoy en día.
La abogada del canciller Sarabia, Lina Sandoval, publicó un video en la cuenta de X en el que sale en defensa de su apoderada: “¿Pueden quienes la atacan justificar su patrimonio y sus gastos? LO DUDO (sic). El 9 de junio continuaremos”, en referencia a las audiencias en las que ha aportado evidencias contra el actual ministro Benedetti por un presunto caso maltrato al género femenino.
“Laura Sarabia ha puesto a disposición de la Fiscalía general de la Nación toda su información financiera, patrimonial y fiscal. No tiene nada que ocultar. En su contra, no existen acusaciones penales ni juicios pendientes. El oficio de la Fiscalía al DAPRE se deriva de una denuncia de 2024 basada en notas de prensa, una de las 33 campañas de desprestigio en su contra”, manifestó la defensa.