Un juez con funciones de control de garantías legalizó anoche miércoles 7 de mayo la captura de Freddy Arley Castellanos, señalado de abusar sexualmente de varios niños, cuya edad oscilan entre los 2 y 3 años en un hogar infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), situado en la localidad de San Cristóbal, sur oriente de Bogotá.
En las siguientes horas de ayer miércoles continuarán con las audiencias requeridas por los delitos de acto sexual abusivo y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Los testimonios que surgieron sobre los vejámenes que presuntamente cometía el individuo, de 36 años, identificado como Freddy Castellanos, dan cuenta de la manera en que se acercaba a los niños en el Hogar Infantil Canadá.
Margie Espinel, madre de una niña de 3 años, dijo a una prensa de circulación nacional que su hija le contó que el sospechoso le daba besos en la boca y le tocaba sus partes íntimas mientras se “hacia el que jugaba”.
“Mi niña sabía que nada de eso era un juego, que la actitud de ese tipo no estaba bien, y por eso me contó. Yo nunca dudé de la palabra de mi hija, la conozco. Ella nunca tendría la capacidad de inventar semejante abuso”, manifestó la madre, agregando que la menor de un momento a otro ya no quería ir al hogar infantil del ICBF.
Esto también se suma a un video que muestra a una madre, visiblemente afectada, recriminando a las directivas del jardín infantil porque no fue escuchada cuando denunció lo que ocurría con su niña.
“¡¿Cómo es posible que le comento lo que está pasando a mi hija y lo que dicen es que es un caso confuso?, ¿cómo me van a decir que el abuso de mi hija es un caso confuso?!”, gritaba la madre.
La directora del Bienestar Familiar, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, indicó a una emisora radial que la entidad ya se puso al cuidado y protección de los niños, aunque desconoce si todos los casos ocurrieron en el mismo hogar infantil.
“Hasta ahora ninguna de esas informaciones tiene autenticidad. Tenemos una denuncia de tipo penal y dos casos en revisión. Los demás han sido descartados tras evaluación médica y psicosocial”, dice Cáceres Cárdenas al medio de comunicación mencionado.
Por último, la entidad gubernamental aseguró que comenzarán con las investigaciones disciplinarias que permitan establecer “si en el manejo de la queja de la familia los funcionarios públicos y supervisores del contrato actuaron conforme a las rutas establecidas para tal finalidad”.
